El Gobierno nacional radicó el 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley de Rescate Económico (Proyecto de Ley 477 de 2026C), una iniciativa de 106 artículos repartidos en siete títulos que busca un ajuste fiscal cercano a los 40-45 billones de pesos, alrededor del 2,2% del PIB. La propuesta combina dos frentes: un recorte del gasto público (con una reducción cercana al 20% en el gasto de personal del Estado) y una reforma profunda al sistema tributario que toca la renta de personas jurídicas y naturales, el IVA, los aportes a salud de los empleadores y varios tributos puntuales como la normalización de activos o el impuesto a los plásticos de un solo uso.
El Gobierno defiende la iniciativa señalando que, hoy, uno de cada tres pesos que se recaudan por impuestos se destina únicamente a pagar el servicio de la deuda pública. Para sustentar esa necesidad, el proyecto también modifica la regla fiscal vigente desde la Ley 1473 de 2011: fija un límite de deuda del 71% del PIB y un ancla de mediano plazo del 55% del PIB, dos cifras que funcionan como «barandas» para que el gasto público no se siga expandiendo sin control.
No es un proyecto que esté pasando desapercibido. Desde el mismo día de su radicación generó reacciones encontradas en el Congreso: algunos representantes lo calificaron de «reforma tributaria disfrazada» de ajuste de gasto y anunciaron que no lo votarán, mientras otros sectores económicos y exfuncionarios respaldan que se tramite. Esa polarización, sumada al tamaño del ajuste, explica por qué el tema se volvió tendencia casi de inmediato entre empresarios, contadores y asesores tributarios.
Es importante partir de un punto clave antes de entrar en el detalle: hoy es un proyecto de ley, no una norma vigente. Debe surtir todo el trámite legislativo —debate en comisiones, plenarias de Cámara y Senado, y una eventual conciliación entre las dos cámaras— antes de convertirse en ley, y en ese camino el articulado, las tarifas y las fechas de entrada en vigencia pueden cambiar, para bien o para mal, frente a lo que se radicó. Aun con esa salvedad, por el tamaño del ajuste y por lo que está en juego para empresas, trabajadores y contribuyentes, vale la pena entender desde ya, con el mayor detalle posible, qué propone exactamente el texto radicado.
En Acierto Contable revisamos a fondo el proyecto, con base en su texto radicado y en el seguimiento de medios especializados en materia tributaria, para presentarte un desglose técnico de los principales puntos a favor y en contra, pensado para la planeación contable y tributaria de tu empresa.
Qué busca el proyecto, en pocas palabras
En términos generales, el proyecto se mueve en una dirección: aliviar la tarifa directa de renta de las empresas y abrir ventanas de saneamiento con la DIAN, a cambio de ampliar la base del IVA, reducir beneficios tributarios de las personas naturales de ingresos medios y altos, y encarecer el costo de nómina de los salarios mejor remunerados. Es un reacomodo de cargas, no una simple rebaja generalizada de impuestos ni una subida generalizada. Entender quién gana y quién pierde en cada frente es justamente el propósito de este análisis.
🟢 Los pros: oportunidades y alivios fiscales
1. Reducción progresiva de la tarifa general de renta corporativa
La tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas bajaría del 35% actual al 33% en el año gravable 2027 y al 31% a partir de 2028. Es una reducción gradual, pero real, pensada para devolver competitividad al sector empresarial frente a otros países de la región, y beneficia especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tributan en el régimen ordinario. Para una empresa con utilidad fiscal estable, dos puntos menos en 2027 y cuatro puntos menos desde 2028 pueden representar un alivio significativo en el flujo de caja destinado al pago del impuesto, recursos que quedan disponibles para reinversión, pago de deuda o reparto de utilidades. Si el proyecto avanza, conviene reproyectar desde ya el impuesto de renta de 2027 y 2028 con la nueva tarifa. Te podemos ayudar a modelar ese escenario desde nuestra asesoría tributaria.
2. Una ventana de alivio para quienes tienen deudas con la DIAN
El proyecto habilita un esquema transitorio de beneficios para obligaciones en mora al 30 de septiembre de 2026, con solicitudes posibles hasta el 30 de junio de 2027: facilidades de pago hasta por 12 meses sin necesidad de garantía con una cuota inicial del 10%, una tasa de interés moratorio especial del 5% anual (muy por debajo de la tasa de mora ordinaria), y la posibilidad de terminar por mutuo acuerdo procesos en discusión, pagando un porcentaje reducido de la sanción ya disminuida. En conjunto, es una oportunidad real de saneamiento de cartera para empresas y personas naturales con procesos abiertos o deudas acumuladas con la DIAN. Si tu empresa está en esa situación, conviene comparar el costo de acogerte a este beneficio —si finalmente se aprueba— frente a seguir litigando o acumulando intereses a la tasa ordinaria.
3. Un camino para normalizar activos omitidos o pasivos inexistentes
El proyecto crea un impuesto complementario de normalización tributaria para el año gravable 2027, con una tarifa del 15% sobre el costo fiscal o el autoavalúo de activos omitidos, o sobre pasivos inexistentes, con corte a comienzos de ese año. Para los criptoactivos omitidos se plantea un régimen aparte, de única vez, con tarifa del 5% sobre su valor de mercado. Esta normalización no legaliza activos de origen ilícito, que quedan expresamente excluidos: está pensada para quien tiene patrimonio sin declarar por descuido o errores de planeación de años anteriores, y le permite incorporarlo a su declaración de renta sin las sanciones plenas por inexactitud o extemporaneidad de un proceso de fiscalización normal.
4. Incentivos a la gran inversión con el régimen de estabilidad empresarial
El proyecto crea un régimen especial —reportado como Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE)— dirigido a proyectos de inversión de gran escala, que otorgaría hasta 16 años de estabilidad jurídica y tributaria frente a cambios futuros en las reglas de juego. Entre los beneficios reportados están tarifas preferenciales de renta del 20% para proyectos cuya ejecución inicie entre 2027 y 2028, y del 26% desde 2029; una tarifa reducida del 8% sobre dividendos a inversionistas no residentes; y esquemas de depreciación acelerada para los activos del proyecto. Es, en esencia, una apuesta por atraer capital de gran tamaño con reglas predecibles, en una línea similar a la que han usado otros países de la región para proyectos de infraestructura o industria pesada. El impacto directo para la mayoría de las pymes es limitado, porque los umbrales de inversión suelen ser altos, pero el efecto indirecto —más actividad en las cadenas de proveedores y contratistas— puede beneficiar a empresas medianas que les prestan servicios.
5. Simplificación y eliminación de tributos complejos
El proyecto elimina el impuesto a los plásticos de un solo uso, un tributo que generó altas complejidades operativas y cargas administrativas tanto para los contribuyentes obligados a liquidarlo como para la administración tributaria encargada de fiscalizarlo. Para los sectores de empaques, alimentos y bebidas, su eliminación representa una simplificación directa en sus procesos de liquidación y declaración, además de un alivio de caja puntual.
🔴 Los contras: incremento de cargas y retos de liquidez
1. Menos beneficios tributarios para las personas naturales
El proyecto reduce varios de los topes que hoy usan los asalariados y contratistas para disminuir su base gravable de renta. El límite anual de la renta exenta laboral del 25% bajaría de 790 UVT a 630 UVT, equivalentes aproximadamente a $41,4 millones y $33 millones con el valor de la UVT de 2026 ($52.374). El límite global conjunto de rentas exentas y deducciones de la cédula general, que hoy es de 1.340 UVT, pasaría a 1.180 UVT, es decir, de unos $70,2 millones a $61,8 millones de techo anual. A esto se suma la eliminación de la deducción adicional de 72 UVT por dependiente. El proyecto también ajustaría la tabla de tarifas marginales de la cédula general, con un nuevo tramo intermedio del 9% y una tarifa máxima unificada del 39% (que fusiona los actuales tramos de 35% y 37%) para los ingresos más altos. El efecto combinado es consistente: más personas naturales de ingresos medios y altos verán subir su base gravable y, probablemente, la retención en la fuente desde el primer mes en que aplique la norma.
2. Más costo de nómina para los salarios medios y altos
El proyecto modifica la exoneración de aportes parafiscales y de salud que hoy beneficia a los empleadores, regulada en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Según el texto radicado, la exoneración total del aporte patronal de salud (hoy del 8,5%) se mantendría solo para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Entre 2 y 3 SMLMV, el empleador asumiría una cotización del 4%, y para salarios superiores a 3 SMLMV, la tarifa plena del 8,5%, sin ningún beneficio de exoneración. Esto encarece de forma directa el costo de nómina de las empresas con personal calificado, mandos medios o directivos, justo el segmento donde muchas firmas de servicios profesionales y tecnología concentran buena parte de su planta. Si tu empresa tiene nómina concentrada en ese rango, conviene proyectar escenarios de costo con nuestro equipo de outsourcing de nómina antes de que la norma, si se aprueba, entre a aplicar.
3. El IVA del 19% llega a más bienes y servicios
El proyecto retira la tarifa reducida o la exclusión de IVA a una lista amplia de bienes y servicios, que pasarían a la tarifa general del 19%: licencias de software, computación en la nube y alojamiento web, ciertos servicios de telefonía e internet residencial, entradas a espectáculos culturales y deportivos, compras en plataformas internacionales de comercio electrónico sin importar el monto, y vehículos híbridos y eléctricos, que hoy pagan una tarifa reducida del 5%. También retira la exclusión de IVA que hoy tienen computadores, celulares, tabletas y bicicletas. Para empresas que dependen de licencias de software, nube o logística de e-commerce, esto encarece directamente la estructura de costos operativos, un efecto que se siente más en sectores con márgenes ajustados. Como contrapeso, el proyecto incluye un programa de devolución parcial de IVA (EfectIVA) para hogares de menores ingresos, aunque las cifras de beneficiarios varían según el medio consultado.
4. Endurecimiento sancionatorio por facturación irregular
El proyecto también endurece el régimen sancionatorio relacionado con la facturación. Según el texto radicado, la sanción por expedir facturas o documentos equivalentes con requisitos irregulares se elevaría del 1% al 5% del valor de las operaciones facturadas de forma irregular, y el tope máximo de esa sanción pasaría de 950 UVT a 3.500 UVT (de aproximadamente $49,7 millones a $183,3 millones con la UVT de 2026). Este es un cambio con un impacto que suele pasar desapercibido frente a los ajustes de tarifas de renta o IVA, pero que en la práctica aumenta de forma considerable el riesgo contingente de errores formales en los procesos de facturación electrónica: datos mal diligenciados, documentos equivalentes expedidos fuera de los requisitos técnicos o inconsistencias entre lo facturado y lo reportado pueden salir mucho más costosas que hoy. Para empresas con alto volumen de facturación, esto refuerza la importancia de tener procesos de validación y conciliación bien calibrados antes de que el nuevo tope entre en vigencia.
5. Prórroga de la sobretasa al sector financiero
La sobretasa de 5 puntos adicionales sobre la tarifa general de renta para entidades financieras y aseguradoras, que debía empezar a desmontarse de forma gradual según la norma vigente, se extendería hasta el año 2030. La tarifa total de renta para este sector quedaría en 38% en 2027 y en 36% entre 2028 y 2030, en lugar de converger antes hacia la tarifa general que aplica al resto de las empresas. Si tu empresa pertenece al sector financiero o asegurador, o si eres accionista de una entidad de ese sector, este punto cambia de forma directa el horizonte de planeación tributaria que probablemente ya tenías armado contando con el desmonte gradual previsto originalmente.
6. Un ajuste de este tamaño no está libre de riesgo en el trámite legislativo
Más allá de lo estrictamente técnico, conviene tener presente que el proyecto ya enfrenta objeciones de algunos congresistas, que lo consideran una reforma tributaria disfrazada de ajuste de gasto público, mientras otros sectores económicos y exfuncionarios respaldan que avance en el Congreso. Esta polarización significa que el texto puede sufrir cambios importantes durante el debate —en tarifas, en fechas de entrada en vigencia, en el alcance de los beneficios o incluso en la eliminación de algunos artículos completos— antes de convertirse en ley, si es que efectivamente logra pasar dentro del calendario legislativo previsto para esta legislatura.
Veredicto contable: qué hacer mientras el proyecto avanza
El proyecto, en su versión radicada, mueve la carga tributaria en una dirección clara: alivia la tarifa directa de renta corporativa, abre ventanas de saneamiento con la DIAN y ofrece incentivos puntuales a la gran inversión, a cambio de reducir beneficios a las personas naturales de ingresos medios y altos, encarecer la nómina de los salarios más altos, ampliar el IVA a bienes y servicios que hoy pagan menos, y endurecer las sanciones por errores de facturación. Ninguno de estos cambios es definitivo todavía, pero el tamaño del ajuste y la velocidad con la que se está discutiendo justifican empezar a proyectar escenarios desde ya, en lugar de esperar a que se sancione la ley para reaccionar.
En concreto, te recomendamos desde Acierto Contable: revisar los saldos en mora o en discusión con la DIAN para evaluar si conviene acogerte a la ventana de alivio en caso de que se apruebe; simular el efecto de un IVA del 19% en tus contratos de software, nube, servicios digitales y logística; recalcular, con cifras conservadoras, el costo de nómina de tus cargos mejor remunerados bajo los nuevos umbrales de aportes a salud; y revisar tus procesos de facturación electrónica para reducir el riesgo de errores formales ante un posible aumento en el tope de la sanción.
Si quieres que revisemos juntos cómo te afectaría este proyecto en caso de aprobarse —en tu declaración de renta, tu nómina o tu flujo de caja de 2027 y 2028— puedes agendar una asesoría gratuita con nuestro equipo y lo analizamos con las cifras reales de tu empresa.
Este contenido tiene fines informativos y se basa en el texto radicado del Proyecto de Ley de Rescate Económico 2026 y en el seguimiento de medios especializados, no en una norma vigente: su articulado, tarifas y fechas pueden cambiar durante el trámite en el Congreso. Verifica el estado actual del proyecto y las cifras aplicables a tu caso antes de tomar decisiones, o consúltanos.